Detalles sobre las nuevas legislaciones de la UE para las criptomonedas
La Comisión Europea establecerá un marco regulatorio para las criptomonedas y stablecoins.
El primer borrador de la propuesta inicial de la Comisión Europea consta de 168 páginas, y si bien parece reconciliar la aparente separación de los Blockchain y los criptoactivos, en este se le da un trato a las criptomonedas muy semejante a los productos del mercado de valores.
El conocido como “Reglamento sobre los mercados de activos criptográficos” (MiCA), de momento será provisional y sujeto a cambios ya que es la primera vez que una autoridad propone un paquete legislativo sobre esta industria. El mismo ofrece una estrategia para fomentar la innovación y la adopción de las finanzas digitales para los comercios minoristas.
Por otra parte, el documento revela la necesidad de un marco legal sólido, que defina claramente el tratamiento regulatorio de los diferentes tipos de activos criptográficos, y que incluya aquellos que no están cubiertos por la legislación vigente en la EU.
Implementación y perfeccionamiento de la legislación
De momento, las autoridades europeas comunican a los emisores de estos activos que tendrán que solicitar una licencia, por el simple hecho de operar con activos fiat. Además deberán ser transparentes en cuanto a los mecanismos para el respaldo de los activos en un documento técnico que requerirá la revisión y posterior aprobación por parte de los encargados. Dichas autoridades están centrando su atención en el tema de los stablecoins (activos vinculados al precio de una moneda fiduciaria u otro activo físico, como el oro).
Respecto a lo que se puede apreciar en el documento, los criptoactivos, en específico los stablecoins, son más aceptados por el público, por tanto tendrán que estar sujetas a un paquete de requisitos más estrictos en materia de capital, supervisión y derechos de los inversores. Como parte de estos, los emisores deberán contar con la aprobación de la autoridad nacional competente si la cantidad es superior a los 5 millones de euros. Dicha autoridad también obligará a los emisores a publicar un libro blando con requisitos de divulgación obligatorios.
Por otra parte, las empresas con una oferta total inferior a 1 millón de euros estarán exentas de dicha aprobación durante un periodo de 1 año. Según los reguladores, el objetivo de las estrictas reglas es proteger y reducir el riesgo de delito cibernético al que estarían expuestos los inversores.
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