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La energía barata y los controles de divisas convierten al Bitcoin en el gran negocio de Venezuela

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En medio de una enorme crisis económica, política y social, el Gobierno de Nicolás Maduro está descubriendo un nuevo enemigo que logra esquivar sus controles de precios y divisas: las monedas digitales. La más famosa de ellas, el Bitcoin, está permitiendo a miles de venezolanos sobrevivir en un país que este miércoles entrará oficialmente en hiperinflación. Y no solo eso: las políticas de su Ejecutivo están subvencionando a los propios "fabricantes" de la moneda digital.

Uno de los grandes quebraderos de cabeza de cualquier Gobierno que quiera imponer controles de precios es el llamado "arbitraje", la compra de productos a precios subvencionados para revenderlos a precio de mercado fuera del control gubernamental. Por ejemplo, muchos ciudadanos compraban comida y bienes básicos en los supermercados y los revendían. Para evitarlo, el Gobierno obligó a tomar las huellas dactilares para acceder a los productos subvencionados. Y los habitantes de los pueblos fronterizos con Colombia revendían en el país vecino la gasolina, obtenida prácticamente gratis, para poder comprar a cambio medicinas, ropa o comida, lo que llevó a Maduro a ordenar el cierre de la frontera durante largos periodos.

Pero si la escasez y el hambre estimulan el ingenio -se necesitan 19 salarios mínimos para cubrir la canasta básica mensual de una familia, según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros-, la aparición de las monedas digitales en los últimos años ha abierto una nueva posibilidad de arbitraje: revender la electricidad, que se suministra con grandes subvenciones estatales, en forma de Bitcoins.

 

Escapar del bolívar

El Bitcoin, una moneda digital gestionada enteramente por los usuarios, se acuña mediante un proceso de "minería", que se puede resumir como una larga serie de procesos de cálculo complejos realizados por una red de ordenadores para crear nuevas unidades de la divisa digital. En otras palabras, lo que se necesita es tener un ordenador (de tecnología avanzada) -o varios conectados entre sí- encendido durante días. A cambio, el usuario recibe nuevas unidades de la moneda, que se cambia a más de 700 dólares. En la gran mayoría de países, a precios de mercado, el gasto en electricidad se come por sí solo cualquier posible beneficio. En Venezuela, a precios subvencionados, no: la diferencia va al bolsillo del usuario.

No solo eso, sino que el hecho de que el Bitcoin sea anónimo y se pueda cambiar a dólares directamente a través de Internet supone una vía de escape al sistema de control cambiario impuesto desde 2003. Según numerosos testimonios recogidos por la revista Reason, pequeños empresarios venezolanos utilizan esta vía para tener acceso a divisas con las que importar materiales sin tener que esperar a que el Gobierno les dé autorización -la venta al tipo oficial de 664 bolívares por dólar está enormemente restringida- ni tener que recurrir al mercado negro, donde el billete verde supera los 3.700 bolívares por unidad.

Por su parte, los ciudadanos privados utilizan estas divisas para acceder a empresas que ofrecen envíos internacionales, como Amazon, e importar comida, ropa o bienes de uso cotidiano desde Miami para escapar a la creciente escasez que sufren cada vez más supermercados locales, según las historias recogidas por la revista.

En respuesta, el Gobierno critica a los usuarios de esta ciberdivisa por evadir el sistema de control de cambios, y denuncia que el Bitcoin es una moneda de "contrabandistas" y "ladrones de electricidad". En los últimos meses, diversas personas han pasado por la justicia por intentar realizar minería de Bitcoin, una tarea a la que el Ejecutivo de Maduro achaca parte de la responsabilidad por los apagones que sufre el país.

Aun así, los defensores de la moneda afirman que este uso de la electricidad es "correcto", ya que sirve para dar "una moneda estable" a los ciudadanos venezolanos, algo que el Gobierno "no ha logrado hacer". El hecho de que sea intangible, anónima y no deje registros oficiales es un dolor de cabeza más para el Estado. Con una moneda digital, no hay huella dactilar ni barrera fronteriza que valga.

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