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Bitcoin es mencionado en propuesta de leyes para combatir el crimen cibernético

En materia de derechos humanos, el tráfico de personas se ha convertido en una de las mayores problemáticas que enfrentan los países a nivel mundial. A diario, alrededor del mundo, 120 países se ven envueltos en estas prácticas ilegales, destacando Latinoamérica, una de las regiones más azotada por el crimen organizado.

Al año, en países como México se contabilizan millones de personas víctimas del tráfico humano, guardando en su mayoría relación con crímenes cibernéticos que en algunos casos son financiados a través de monedas digitales como el Bitcoin.

Recientemente un grupo de legisladoras mexicanas discutieron sobre este asunto en una reunión de la comisión con directivos de la Policía Federal, donde propusieron leyes más duras y un verdadero marco regulatorio para fortalecer la seguridad cibernética de la nación americana y así disminuir los crímenes en la web.

La diputada de Morena, Paola Félix Díaz, hizo mención al Bitcoin al cuestionar la actuación de la Policía Federal para combatir el grooming, nombre que reciben las conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad y poder abusar sexualmente de él.

Acusaciones de este tipo ya han tenido lugar en el pasado. La criptomoneda ha sido culpada de ser una herramienta facilitadora del crimen organizado y un puente de financiación para el tráfico de personas, la venta de drogas y el terrorismo. Sin embargo, expertos en el tema señalan que no hay vínculos fehacientes entre organizaciones criminales y las criptomonedas, más allá de actividades financieras ilegales que se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de modalidad de dinero.

En la propuesta no se adelanta información sobre las posibles medidas a discutir con respecto al mercado de las criptomonedas en México. A pesar de ello, no es la primera vez que procuradores del gobierno mencionan al Bitcoin u otras monedas criptográficas en aras de ser reguladas, ya que funcionarios relacionados al Banco Central de México han declarado el interés de la agencia por aplicar leyes anti-lavado de dinero a las criptomonedas.

La presidenta y diputada de la Comisión Especial contra la trata de personas del Congreso mexicano, Julieta Fernández Márquez, asevera que la nación latinoamericana no posee una legislación que proteja a los mexicanos de los crímenes que puedan ser perpetrados por medio de Internet. Más allá de las criptomonedas, las senadoras buscan leyes que frenen la delincuencia cibernética y no fomenten por medio de la indiferencia a la industria del delito.

En América Latina la nación mexicana lleva la vanguardia en el sector cibernético y las herramientas financieras, tras discutir la introducción de un proyecto de ley Fintech que busca motivar la adopción generalizada de las tecnologías emergentes.

A pesar de que el plan legislativo aún requiere de ajustes para convertirse en un verdadero colchón para las nuevas y pequeñas empresas del sector tecnológico, también es necesario contemplar el reconocimiento del mercado de las criptomonedas. Esta es una primera iniciativa que denota el interés gubernamental por innovar en este sector y encumbrar sus posibilidades de éxito. En este sentido esperemos buenas nuevas por parte del sector legislativo mexicano.

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